Un negocio de US$ 90 millones

Detrás de la pulseada política que terminó con la drástica salida del Gobierno de Alberto Abad, ex titular de la AFIP, y de Ricardo Echegaray, ex jefe de la Aduana, existe un negocio de US$ 90 millones.

Ese era el monto que el Gobierno tiene previsto destinar para la compra de una nueva red de computadoras y comunicaciones, con el fin de reemplazar al viejo Sistema Informático María (SIM), que fue inaugurado el 16 de diciembre de 1993.

El reemplazo de ese equipamiento estaba contemplado en el Plan de Gestión de este año de la Aduana. Y contaba con el visto bueno de Abad, hasta que Echegaray lo primerió anunciando públicamente la intención oficial de llamar a una licitación internacional para adquirir un nuevo sistema de gestión aduanera. Esa fue la gota que rebalsó el vaso de una tensa relación de cuatro años.

El plan original para reformular la red informática de control aduanero contemplaba, en una primera etapa, el envío de comitivas a Japón, Nueva Zelanda e Irlanda para evaluar sus sistemas. Los fondos, no era un problema, ya estaban: provienen de una tasa aduanera de US$ 10 instaurada en 1999 para mantenimiento del SIM, que pagan los importadores y exportadores por cada operación realizada.Y mejoras se hicieron muchas, porque desde que se implementó, el María cosechó más críticas que aplausos. Importada desde Francia pero adaptado a las necesidades locales, la red fue cuestionada porque sólo estaba concebido para registrar las operaciones y no para controlar. Esto último implica, por ejemplo, cruzar datos del importador; origen, destino y tipo de mercadería y antecedentes del operador, todo con el fin de detectar fraudes.

Antes de los cruces entre Abad y Echegaray, la Aduana tenía previsto confeccionar los pliegos de la licitación, con el objetivo de lanzarla a fines de año, realizar la compra y comenzar a instalarlo a partir de 2009, en un programa de reemplazo paulatino.Esto se debe a que el SIM es uno de los centros de cómputos más sensibles del Estado. En 2007 procesó 1.532.198 declaraciones de importación y exportación, por unos US$ 100.000 millones.

De su eficacia depende el freno al contrabando, a las operaciones de sub y sobrefacturación y el tráfico de drogas, entre otros delitos y maniobras fraudulentas.